DESALADORA DE ROSARITO BC: El megaproyecto para blindar de agua a la Zona Costa entre deudas, retrasos y promesas federativas

PLAYAS DE ROSARITO, B.C. – Enfrentando una crisis hídrica histórica debido a la severa dependencia del Río Colorado, los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Ensenada mantienen sus esperanzas puestas en la construcción de la planta desalinizadora de Rosarito. Proyectada para ser la más grande y moderna de toda América Latina, esta megaobra busca abastecer de agua potable a miles de familias de la zona costa, procesando agua de mar mediante el sistema de ósmosis inversa. Sin embargo, su consolidación transita por una compleja red de aprobaciones financieras, licitaciones retrasadas y debates por el endeudamiento local.

Antecedentes: Una década perdida entre escritorios y litigios
La necesidad de una planta desaladora en la región no es nueva; el proyecto acumula casi una década intentando aterrizar. Diseñado originalmente como una Asociación Público-Privada (APP) en 2016, llegó incluso a la colocación de una "primera piedra" en 2018. No obstante, las disputas políticas y financieras de las siguientes administraciones provocaron la cancelación del contrato con la empresa transnacional Suez, sumiendo al gobierno del Estado en un millonario litigio internacional que no se destrabó sino hasta principios de 2024.

Durante años, expertos del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y activistas hídricos señalaron que la desalinización debió ser la última alternativa, proponiendo en su lugar el reúso masivo de aguas tratadas. Pese a las críticas, la crisis hídrica obligó a revivir el proyecto en 2022 bajo la tutela directa del Gobierno Federal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Estatus Actual: El complejo camino de las licitaciones y el presupuesto
El estatus de la desaladora se mantiene en una fase administrativa crucial. Tras declararse desierta una primera licitación a finales del año pasado, Conagua relanzó el concurso internacional, atrayendo el interés de firmas de alto calibre (incluyendo consorcios ligados a Carlos Slim). El fallo definitivo de la empresa constructora ganadora sufrió retrasos y su resolución sigue bajo el escrutinio de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa).

En el aspecto financiero, la Federación asignó 2 mil 500 millones de pesos para arrancar el ejercicio; una cifra que apenas representa una cuarta parte de los más de 10 mil millones de pesos que costará el proyecto central en total. A nivel local, el Congreso del Estado aprobó al gobierno estatal un endeudamiento por más de 2 mil 900 millones de pesos para financiar las obras complementarias indispensables (redes de tuberías y estaciones de bombeo para enviar el agua a Rosarito y Ensenada). Este financiamiento ha encendido las alarmas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), debido a que los intereses del crédito a 30 años podrían comprometer las finanzas públicas estatales, pagándose a través de los ingresos del Impuesto Sobre Nómina.

Futuro: Metas a mediano plazo y expectativas de producción
Una vez que las obras arranquen formalmente en los terrenos destinados de Playas de Rosarito, el proyecto contempla un plazo de ejecución física de poco más de 1,000 días (alrededor de tres años). Las autoridades federales y estatales proyectan que la planta entrará en operaciones en el año 2029.

Cuando funcione al 100% de su capacidad, la planta inyectará 2,200 litros de agua por segundo al sistema hidráulico de la costa, lo que representará un incremento estimado del 45% en el abasto disponible para Tijuana y Rosarito. Aunque las autoridades garantizan que este megaproyecto asegura el desarrollo sostenible y el crecimiento turístico de la región para las próximas décadas, académicos advierten que la población de la zona costa aún tendrá que librar varios veranos de incertidumbre y tandeos preventivos antes de ver el primer litro de agua purificada salir de la megaestructura.