MARTÍN LAZO CUEVAS La corte del pueblo, un cambio de paradigma para México

Por Martín Lazo Cuevas

Durante décadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación operó como un bastión distante, una trinchera institucional diseñada para resguardar los privilegios de los poderes fácticos, políticos y económicos del país. Mientras los expedientes de las grandes corporaciones y las élites encontraban celeridad y resoluciones a modo, las demandas de la ciudadanía permanecían sepultadas en el olvido de una burocracia inexpugnable. Ese diseño cupular, donde el pueblo era solo un espectador en las sombras del derecho, ha llegado a su fin.

El primer informe de actividades presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, acompañado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no solo rinde cuentas de doce meses de gestión: marca formalmente la consolidación de un cambio de paradigma histórico. La justicia mexicana ha dejado de ser un feudo de minorías para asumir que su verdadera fuente y origen de poder radica en el pueblo.

Este giro conceptual y político se traduce en hechos contundentes. La transformación humanista de la Corte ha comenzado por barrer las inercias que entorpecían su función. En un solo año, la actual administración logró resolver el 88 % de los casos ingresados, abatiendo de golpe el pesado rezago heredado de administraciones pasadas. A la par, la sustitución de procesos manuales ineficientes y la implementación del nuevo sistema de gestión electrónica —puesto en marcha el pasado 1 de septiembre— garantizan que la transparencia sea la regla y no la excepción.
Pero la democratización de la justicia no se mide solo en plataformas digitales o en los más de 4,700 millones de pesos ahorrados tras erradicar privilegios e insumos innecesarios mediante una estricta política de austeridad e integridad. Se mide, sobre todo, en cercanía. Mediante sesiones itinerantes y visitas directas a los territorios más postergados, el máximo tribunal ha comenzado a saldar su deuda social, llevando la protección constitucional a comunidades indígenas y grupos históricamente marginados.

Lejos de subordinarse, este nuevo modelo reafirma una independencia real: un Poder Judicial genuinamente autónomo frente a las presiones del dinero y del poder político tradicional, cuya única brújula es el texto constitucional y el bienestar general de la población. La Suprema Corte ya no pertenece a unos cuantos; hoy, el pueblo está en el primer plano del máximo tribunal.