Se robaron 38 mil millones de pesos en gobierno de Diego Sinhue
2026-04-22 00:41:21
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De acuerdo con documentos oficiales, el gobierno estatal proyectó ingresos por más de 33 mil millones del impuesto a la nómina y casi 5 mil millones del cedular, dinero que debía invertirse en infraestructura, seguridad y desarrollo productivo. Sin embargo, las actas del consejo encargado de vigilar el uso de esos recursos fueron clasificadas como reservadas por el actual gobierno panista de Libia García Muñoz Ledo, impidiendo que la sociedad conozca en qué se gastaron.
Empresarios con el control
En 2018, Sinhue modificó el decreto original del Cosainceg –creado en 2006 por el también panista Juan Carlos Romero Hicks– para que dejara de ser un órgano consultivo y se convirtiera en un ente con poder de “decidir” el destino de los recursos. De esta manera, cámaras empresariales de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, San Miguel de Allende, Guanajuato capital y la CMIC definieron durante seis años a qué proyectos y compañías se destinaron los miles de millones recaudados.
En paralelo, con un porcentaje de esos impuestos se alimentó el Fidesseg, fideicomiso para obras sociales y de seguridad. Solo de este fondo, las asociaciones Actuar por Guanajuato y FE Guanajuato recibieron 148 millones de pesos como intermediarias para decidir qué organizaciones serían beneficiadas. La Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades por casi 250 millones, recomendando el reintegro de 170 millones.
Transparencia ausente
Las últimas cinco actas del Cosainceg –correspondientes a 2024 y 2025– fueron reservadas bajo el argumento de que revelar su contenido pondría “en riesgo grave y tangible” proyectos en curso. No obstante, para críticos de la opacidad panista, la reserva solo confirma la falta de rendición de cuentas.
Hoy, con el exgobernador Diego Sinhue viviendo en Estados Unidos, la sombra de los 38 mil millones no aclarados sigue pesando sobre Guanajuato. Lo que nació como un mecanismo de “asesoría ciudadana” terminó convertido en una caja negra donde empresarios y gobiernos panistas decidieron a discreción el destino de los impuestos de los guanajuatenses.