Carlos Torres gana batalla legal contra 'Unomásuno': Juez federal ordena réplica y multa por difamación
2026-04-22 02:21:32
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El Juez Segundo de Distrito en materia civil de la Ciudad de México, Hugo Roberto Pérez Lugo, determinó que el medio de comunicación incurrió en publicaciones no fundamentadas que dañaron la imagen del tijuanense, al vincularlo —sin pruebas— con delitos federales de alto impacto.
El origen del conflicto: Acusaciones sin sustento
La disputa legal comenzó tras una serie de notas publicadas por el diario el 18 de octubre de 2025. En dichas ediciones, basadas en una presunta denuncia anónima ante la Fiscalía General de la República (FGR), el periódico señaló a Torres Torres por:
Presunta participación en tráfico de armas y huachicol.
La existencia de una supuesta orden de aprehensión emitida por el gobierno de los Estados Unidos.
Tras el análisis de las pruebas, el Juez Pérez Lugo concluyó el pasado 16 de abril de 2026 que la información carecía de rigor periodístico y fundamento legal, vulnerando los derechos del afectado al negarle sistemáticamente el derecho de réplica.
La Sentencia: Multas y reparación del daño
El fallo judicial obliga a Unomásuno a cumplir con las siguientes disposiciones:
Derecho de Réplica obligatorio: Deberá publicarse la aclaración de Carlos Torres en los mismos espacios, páginas y plataformas digitales donde se difundió la nota original.
Sanción económica: El pago de una multa de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a casi 59,000 pesos.
Gastos legales: El diario deberá cubrir la totalidad de los costos derivados del juicio.
¿Otras demandas en camino?
Extraoficialmente, ha trascendido que el equipo legal del exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda analiza la posibilidad de emprender acciones similares contra otros medios y comunicadores nacionales que replicaron las acusaciones de la denuncia anónima.
Este caso subraya el creciente escrutinio sobre las investigaciones de la FGR que nacen de denuncias anónimas y que involucran a una veintena de personajes políticos y empresariales de Baja California. Con esta sentencia, se reafirma que la libertad de prensa no exime a los medios de la responsabilidad de verificar información antes de señalar delitos de gravedad.